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06/07/2012
Expertos reivindican un papel activo del profesional en la reforma sanitaria.

La última conferencia sobre la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), organizada ayer por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y la Fundación Ad Qualitatem, sirvió para analizar en profundidad el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aprobado recientemente por el Gobierno. Los ponentes del encuentro criticaron los fallos de la norma porque, según su opinión, la población queda desprotegida, y porque consideran que se trata de un trabajo improvisado y realizado sin tener en cuenta la opinión y experiencia de los profesionales.
Este es el tercer encuentro programado dentro del Ciclo de Conferencias promovido por Ad Qualitatem y la Real Academia de Medicina gallega para tratar un tema que preocupa al profesional: la viabilidad del SNS. En estos tres debates han participado reconocidos representantes del colectivo profesional sanitario. A la cita de ayer acudieron Carolina González-Criado, subdirectora general de Farmacia del Servicio Gallego de Salud, José Ramón Luis-Yagüe, director de Relaciones Institucionales de Farmaindustria, Antonio Burgueño, director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, y Alfredo Milazzo, presidente de la Fundación Ad Qualitatem. La mesa estuvo presidida, como en las ocasiones anteriores, por José Carro Otero, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, y Miguel Carrero, presidente de Previsión Sanitaria Nacional, y el moderador fue Jose María Pino, presidente del Grupo Sanitaria 2000.
El presidente de PSN abogó en su intervención por un país en el que proliferen las libertades. Indicó que lo más importante para que un país crezca es tener en cuenta a su sociedad civil, sus ciudadanos y sus profesionales. No sólo para encauzar la situación de crisis económica actual sino también para hacer viable el SNS. “Es necesario escuchar a los profesionales y tomar medidas de reforma urgentes para que el sitema sea sostenible”.
Alfredo Milazzo, por su parte, criticó el contenido y forma del real decreto y reclamó medidas relacionadas con la gestión de Recursos Humanos. Para Milazzo, una de las reformas primordiales es la modificación en el sistema de retribución de los profesionales. Se debería establecer una retribución de acuerdo al rendimiento, además de acordar una parte variable en los sueldos. Por otro lado también abogó por mejorar el decreto de especialidades médicas troncales.
De otro lado, Antonio Burgueño, el director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, declaró que la situación actual del SNS es muy crítica y que con el real decreto se ha perdido la posibilidad de revisar en profundidad el modelo organizativo sanitario. “La norma incluye medidas poco útiles y no apuesta por aquellas que modificarían la estructura, organización y funcionamiento del SNS, que es lo que realmente se necesita”.

Carolina González-Criado, subdirectora general de Farmacia del Servicio Gallego de Salud, hizo una exhaustiva explicación de las medidas que se están llevando a cabo en su comunidad para mantener a salvo el SNS. De este modo, González-Criado abogó por prestar especial atención a la gestión de procesos y clínica. En este sentido, indicó que en Galicia se están desarrollando las áreas integradas de salud y una adecuada gestión de los pacientes aquejados con enfermedades raras.
El punto de vista de la Industria lo plasmó José Ramón Luis-Yagüe, director de Relaciones Institucionales de Farmaindustria, quien hizo hincapié en los problemas derivados de la situación en la que se encuentra la economía española. Además, lamentó que gran parte de las decisiones adoptadas para reducir el déficit público sanitario siga recayendo sobre el medicamento, a pesar de que España, según detalló, posee el coste por receta más bajo de la Unión Europea. Asimismo, puso de manifiesto que con estos ajustes se ha llegado a una situación crítica para muchas empresas, que les impide invertir en investigación y en desarrollo.

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